El acceso a la salud es un derecho fundamental básico, reconocido en la legislación internacional y objeto de numerosos tratados de derechos humanos. Su concepción es universal por lo que no atiende a distinciones raciales, religiosas, ideológicas, económicas o sociales y obliga a los Estados –a aquellos que han ratificado los tratados y convenciones en los que se recoge- a disponer las condiciones necesarias para que, particularmente, todos los residentes en su territorio puedan vivir saludablemente. Ello implica, tal y como indica la Organización Mundial de la Salud, garantizar servicios sanitarios, condiciones de trabajo saludables y seguras, así como vivienda y alimentación adecuadas.

Las diferencias sanitarias entre países, principalmente entre Norte y Sur, mundo desarrollado y en vías de desarrollo, no ocultan, sin embargo, las disparidades internas. Estas asimetrías si bien son más pronunciados en aquellas regiones menos avanzadas económicamente, tampoco escapan a los países más favorecidos del Globo, que intentan paliarlas mediante medidas y políticas de cohesión e integración regional. No es casual que aquellas regiones con mejores indicadores económicos (principalmente renta) también cuenten con los mejores indicadores en salud (morbilidad y mortalidad).

El caso español no está exento de la mencionada desigualdad territorial que desemboca en asimétricos accesos al sistema sanitario, tanto por las diferencias de cohesión regional (renta, bienestar) como por la distribución espacial de los servicios sanitarios, que llega a obedecer, en determinadas ocasiones, a exigencias mercantilistas y beneficios particulares, antes que a necesidades sociales en la salud.

La descentralización ofrece el margen necesario para paliar estas discordancias sociales y diseñar estrategias que respondan a las necesidades asistenciales, en las que los servicios de atención a la salud y prevención privados complementan a los públicos, cuando no los sustituyen. En este sentido, las reformas del sistema sanitario responden a la inversión en salud (gasto sanitario) que a su vez obedece a las leyes del mercado para captación de fondos públicos. Así, de la cobertura básica de las necesidades ciudadanas en materia de salud se pasa a la contratación de seguros privados, de la participación ciudadana se pasa a la participación empresarial. Esto conlleva un nivel de desigualdad superior -máxime en el ámbito de la globalización económica y social-, ya que a la distribución espacial de servicios asistenciales y sanitarios (dependiente del progreso económico regional, desarrollo de infraestructuras, etc.) acompaña el factor económico derivado de los ingresos personales (tanto para la contratación de servicios de salud privados accesibles, como para la compra de medicamentos, etc.).

Aún con un mismo sistema sanitario público, los indicadores de salud (e incluso el estado de salud percibido) varían según las diferentes provincias y localidades, en gran parte atribuible a las necesidades no cubiertas localmente de infraestructuras, equipos materiales médicos y profesionales de salud especializados… pero también relacionado con el nivel educativo, posición económica (ingresos) y social (clase), hábitos y conducta, ocupación, vivienda, etc. La financiación autonómica también revela una distribución de gasto público sanitario desigual, más centrado en recursos hospitalarios y farmacéuticos antes que de atención primaria, y sin compensación regional de saldos migratorios y flujo de pacientes.

La pobreza y la escasez de recursos no son causa directa de enfermedades, pero sí un elemento determinante. Son las Comunidades Autónomas y provincias con los índices más elevados de pobreza y desigualdad de ingresos  precisamente aquellas con una mortalidad más alta, una esperanza de vida inferior y un peor estado de salud y calidad de vida. Aunque bien es cierto que las diferencias intercomunitarias presentan una reducción progresiva en los últimos años, también lo es que en la coyuntura actual de crisis se está procediendo a unos recortes que no sólo afectan a la desigualdad interregional sino también a la cada vez menor cohesión social: los grupos más vulnerables, aquellos más afectados por la crisis, quedan al margen de un sistema sanitario que limita sus derechos atendiendo a sus recursos, llegando incluso a anular el acceso a la salud en barrios marginales.

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