9 de diciembre. Día internacional contra ese fenómeno sociopolítico y económico que pervierte sistemas democráticos y suspende el crecimiento económico: la corrupción.

Emplear las funciones y medios públicos para el provecho económico y/o personal de sus gestores es una práctica que no escapa a ningún país. En realidad, es más que eso. Es una lacra que atenta contra el progreso económico y social necesario para alcanzar los Objetivos del Milenio. Al menos, así fue entendido por la Asamblea General de Naciones Unidas cuando aprobó en 2003 la Convención contra la corrupción, a la que acompañó la creación de un Día Internacional para la concienciación y lucha contra las prácticas corruptas.

Y es necesario, porque los ciudadanos ya entienden la corrupción como un elemento intrínseco al sistema y eso que la gran parte de ellos la siguen considerando como “un gran problema en sus sociedades”. En la Unión Europea, son tres cuartas partes quienes así lo perciben y cerca de la mitad cree que ha aumentado en los últimos tres años.

“Los resultados en la lucha contra la corrupción en la Unión Europea son insuficientes”, lamenta la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström. Y ello a pesar de que las prácticas corruptas suponen un coste para los contribuyentes estimado en 120.000 millones de euros anuales. Acabar con la corrupción, sería el mejor de los recortes posibles.

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