La oposición a las reformas judiciales atiende a “intereses legítimos pero corporativos”, ha sido la respuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón a la manifestación de organizaciones de jueces, fiscales, abogados, funcionarios y consumidores para corregir iniciativas polémicas como la ley de tasas o la reforma del estatuto judicial.

Según Ruiz-Gallardón, jueces y fiscales protestan porque pierden la paga extraordinaria y seis días para asuntos propios. Sin embargo, señala que “un juez, además de funcionario, es titular de un poder del Estado y, por eso, más que derechos, tienen obligaciones”.

Respecto a las tasas, ha repetido que su necesidad viene de la excesiva cantidad de litigios que se dan en España respecto al entorno europeo, hecho que también estaría asociado al número de abogados, superior al de otros países de la Unión Europea. También quiso apuntar que las tasas habían sido solicitadas por los propios jueces, haciendo referencia a un documento de la Asociación Profesional de la Magistratura. Sin embargo, dice, ahora las rechazan porque consideran que al ser “desproporcionadas” vulneran la tutela judicial efectiva.

En referencia a la eliminación de jueces sustitutos por otros de carrera o por jueces en la escuela que hayan aprobado la oposición, el ministro señaló que ese 10% de jueces que completan su sueldo dedicándose a la docencia, podrían cubrir dichas bajas.

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