A partir de hoy, los madrileños pagarán un euro por cada receta expedida. Lo harán en la farmacia, aunque los boticarios no podrán controlarlo ya que no tienen instalado el programa necesario para controlar los topes previstos en la nueva normativa autonómica.

Se ha fijado un límite anual de 72 euros por usuario no exento, por encima del cual se dejan de pagar las prescripciones médicas. Están exentos del copago de medicamentos los afectados por síndrome tóxico, las personas con discapacidad, quienes cuenten con pensiones no contributivas o con tratamientos derivados de enfermedad o accidente laboral, los receptores de la renta mínima de inserción y los parados de larga duración que hayan agotado su subsidio por desempleo.

Numerosos profesionales, asociaciones, plataformas y usuarios protestan contra una tasa que -consideran- vulnera los derechos de los pacientes. Los farmacéuticos, por su parte, lamentan la falta de previsión a la hora de establecer una tasa que aún no cuenta con las herramientas para hacerla efectiva.

La medida, que prevé unos ingresos de 83 millones de euros, tiene un fin eminentemente disuasorio: los españoles “atesoran más de 45 millones de medicamentos en sus domicilios, muchos de ellos sin abrir”, justifica el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El Gobierno central ya ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación de esta medida en Cataluña por tratarse de una competencia estatal que genera desigualdades interregionales en el acceso a fármacos. También lo hará contra su aplicación en Madrid.

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