Entre 85.000 y 90.000 niños[1] trabajan en Mauritania, es decir, un 13% de la población activa ocupada. Su actividad laboral ha aumentado significativamente en los últimos años y oscila entre el 19 y el 24 % de la población total en regiones como Gorgol (23%), Guidimagha (21,8%) y Brakna (19,6%). Este fenómeno de explotación infantil, se ha visto favorecido por el analfabetismo, la pobreza, la reducida escolarización y el predominio del sector agro-pastoral en determinadas zonas del país. Una realidad, sin duda, no acorde a las iniciativas y textos aprobados por los poderes públicos.

Mauritania ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño aunque no el protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, ha firmado la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero no su protocolo facultativo. La república islámica también es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Desde un punto de vista regional, la  Unión Africana, de la cual es miembro la República Islámica de Mauritania, ha desarrollado diferentes mecanismos para velar por los derechos del niño: la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Mauritania ha firmado la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño (1990), así como el Protocolo relativo a los derechos de la mujer en África (2003).

A nivel nacional, la protección de la Infancia ha sido encomendada a la Secretaría de Estado de la Condición Femenina, transformada, tras la reestructuración estatal de 2007, en el Ministerio de la Familia, de la Mujer y de la Infancia, y, desde agosto de 2008 en Ministerio de Asuntos Sociales, Infancia y Familia. No es, sin embargo, este ministerio el que monopoliza todas las políticas referidas a la infancia: derivado de su carácter transversal, en las cuestiones de la infancia también están implicados –aunque no suficientemente coordinados[2] para que resulten políticas realmente eficaces en la protección de la infancia- el Ministerio de Justicia, el de Interior, el de la Función Pública, el de Sanidad, el de Educación Nacional y el de Empleo y Formación Profesional; así como el Comisariado de Derechos del Hombre encargado de la Acción Humanitaria y de las Relaciones con la Sociedad Civil y el Secretariado Ejecutivo Nacional encargado de la Lucha contra el Sida.

Los poderes públicos mauritanos consideran[3] la Convención de los derechos del niño como una fuente de inspiración para toda nueva legislación, así como una directiva e instrumento de evaluación de políticas y programas de acción, que la Carta Magna del 20 de julio de 1991 revisada también consagra. Sin embargo, numerosos niños siguen siendo privados de sus derechos, especialmente aquellos referentes a su identidad debido, principalmente, a una cobertura insuficiente en centros de estado civil, la lejanía de las poblaciones rurales respecto a los centros administrativos y la ignorancia de muchas familias de la obligación de inscribir a los recién nacidos. Los problemas derivados del estado civil (la ausencia de un acta de nacimiento) encrudecen la situación de los bebés abandonados, niños de la calle, niñas trabajadoras del hogar, niños mendigos, etc.

En el ámbito específico del trabajo de los niños los poderes públicos han tomado importantes medidas para reducirlo o, idóneamente, eliminarlo; pero el impacto de las mismas ha sido más bien limitado, en parte debido a la aceptación y tolerancia social especialmente en tareas domésticas, aprendizaje en talleres, venta ambulante y transporte, entre otras.

Merece, no obstante, como mínimo señalar aquí: la ley 099 – 012 del 26 de abril de 1999 sobre la escolaridad obligatoria adoptada en 2001, con sanciones penales a los padres que no escolaricen a sus hijos; la ratificación en 2001 de los convenios de la OIT sobre la edad mínima (1973) y sobre las peores formas de trabajo infantil (1999) así como los protocolos facultativos sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la ley 2003-025 de 17 de julio de 2003 relativa a la represión de la trata de personas por la cual el Estado combate y reprime todas las prácticas de explotación de seres humanos; la ley 2004-017 sobre el Código del trabajo, que establece la edad mínima para trabajar en los 14 años, adaptando las disposiciones del antiguo código a las recogidas en las convenciones de la OIT; la ley 2005-015 de 5 de diciembre de 2005 sobre la protección penal del niño, en la que se especifican las condiciones en las que deben ser tratados los menores en conflicto con la ley; y la ordenanza 2006 – 05 de 26 de enero de 2006 relativa a la ayuda jurídica que instaura un sistema de acceso a la justicia favorable a los más desprotegidos, particularmente los menores.

Por otra parte, a pesar de la abolición de la esclavitud en 1981, en razón de la ordenanza 81-234 de noviembre de 1981, la adopción de la ley 2003-025 del 17 de julio de 2003 referida a la represión de la trata de personas y la ley 2007-048 de la tipificación como delito de la esclavitud, todavía hoy existen menores, particularmente aquellos originarios de la casta de los haratinos[4], que sufren discriminaciones de facto que se traducen en obstáculos para disfrutar de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales[5]. En otras palabras: en Mauritania no existe la esclavitud en la actualidad; sin embargo, adondequiera que miremos –en cada esquina, tienda, campo o pasto-, veremos esclavos[6] -la personificación de las nuevas formas de esclavitud, que parecen seguir la estela de aquellas reinantes durante el colonialismo.

Para concluir, el principio del interés superior del niño[7] es observado en numerosos textos nacionales, en políticas y en estrategias sectoriales; aunque, paradójicamente, no existe[8] referencia expresa a dicho principio en las exposiciones de motivos de las diferentes leyes y el término tampoco está consagrado como tal en la legislación nacional.

De la serie trabajo infantil en Mauritania © Bárbara Fernández, Mauritania 2009

De la serie trabajo infantil en Mauritania | Créditos: Bárbara Fernández, Mauritania 2009.



[1]  Datos extraídos del informe de UNICEF titulado Le travail des enfants en Mauritania y publicado en abril de 2004. Recogido en el Rapport alternatif sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Version finale relativo a Mauritania, de 2008.

[2]Regroupement d’organisations non gouvernementales mauritaniennes de défense et de promotion des droits de l’Enfant : Rapport alternatif sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Version finale. Nouakchott, agosto de 2008.

[3] Ibídem.

[4] Los haratinos, esclavos liberados hace ya varias generaciones, eran hijos de esclavas negras y moros blancos (árabes hasaníes), por lo que también han recibido la denominación de ‘moros negros’ (Bales, Kevin: La nueva esclavitud en la economía global; Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 2000.  Pág. 92)

[5] Rapport alternatif sur l’application de la Convention... Op. cit. Pág. 18.

[6] Bales, K: Op. cit. Pág. 89.

[7] El interés superior del niño deberá ser una consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño). El término describe genéricamente el bienestar de la infancia y de él derivan las aplicaciones a las particularidades de cada menor. Se trata de un mecanismo de protección de los intereses del menor (como sujeto portador de derechos, no objeto dependiente de padres o tutores), que se alza de interés público.

[8] Rapport alternatif sur l’application de la Convention... Op. cit. Pág. 18.

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