En la política de recortes de la deuda de la Sanidad pública, el gobierno hizo efectiva el 1 de septiembre la retirada de la tarjeta (y por lo tanto: la atención) sanitaria a los inmigrantes irregulares. Un ahorro de 500 millones de euros, pero que afecta a más de 153.000 personas.

Fuertemente criticada por la oposición, ocho comunidades autónomas anunciaron que no llevarían a cabo lo dispuesto por el gobierno o lo harían con matices: Galicia, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias, Canarias y Navarra, a la que se unía con cierta ambigüedad Castilla y León. Más de 1.700 profesionales también manifestaban su rechazo a una normativa que deja a los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa con un acceso a la sanidad limitado a urgencias, maternidad y atención a menores de edad.

La atención a los enfermos crónicos o graves depende ahora de la existencia de un convenio de colaboración con el país de origen -al que se le facturará la atención- o, en segundo término, de que el facultativo entienda que existe un riesgo para su vida.

Un mes después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 que limita el acceso a la salud en aras de una sanidad sostenible, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaban nuevos convenios especiales para que ciudadanos sin derecho a tarjeta sanitaria -como los inmigrantes en situación de irregularidad, pero no sólo- pudieran ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud. Tendrán acceso a las prestaciones de servicios básicos pero no a medicamentos, que deberán pagar en su totalidad.

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